ESTADO DEL PROYECTO: ARCHIVADO
La invasión de tierras y el avasallamiento de bienes inmuebles se han convertido en una amenaza persistente contra la propiedad privada en Colombia.
Para dar respuesta efectiva a esta problemática y brindar herramientas reales a quienes han sido víctimas, se ha radicado un nuevo proyecto de ley que busca garantizar los derechos de los propietarios afectados por estos delitos, a través de mecanismos claros y de aplicación inmediata.
¿Qué busca este proyecto de ley?
Este proyecto tiene como objetivo proteger a los ciudadanos que han perdido el uso y disfrute de sus bienes inmuebles como consecuencia de ocupaciones ilegales, y al mismo tiempo, fortalecer la institucionalidad del Estado frente al delito de invasión de tierras, brindando soluciones jurídicas y administrativas concretas.
Principales medidas que contempla el proyecto:
1. Permuta de bienes afectados por invasión
Se faculta a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que, una vez se declare la extinción de dominio de ciertos predios, pueda permutarlos con propietarios que tengan bienes actualmente invadidos.
Esto permitirá que el propietario recupere el derecho al uso y explotación de un bien equivalente en valor comercial y catastral, sin que el Estado incurra en compensaciones económicas.
- El propietario puede solicitar la permuta.
- Si existe diferencia de valor, esta será cubierta por el propietario afectado.
- En ningún caso los invasores podrán ser adjudicatarios de los bienes.
2. Suspensión de obligaciones tributarias
Se propone suspender el cobro del impuesto predial y otros tributos relacionados con bienes afectados por la invasión o el avasallamiento.
Esta medida busca aliviar la carga económica de los propietarios mientras no puedan ejercer el uso legítimo de sus bienes.
- La suspensión aplica mientras persista la afectación.
- No se acumulan intereses ni podrá adelantarse cobro judicial o coactivo.
- El cobro se reanudará una vez el bien sea recuperado.
3. Mecanismo de administración de bienes con extinción de dominio
Se adiciona la posibilidad de que los bienes extinguidos sean gestionados a través de la permuta con privados cuando estén relacionados con delitos como la invasión de tierras.
Esta medida complementa los mecanismos existentes de administración, como la enajenación, destrucción o donación entre entidades públicas.
El contexto: cifras preocupantes de invasión de tierras
El fenómeno de la invasión de tierras no es reciente, pero ha crecido de manera alarmante en las últimas décadas.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la Nación en el departamento del Valle del Cauca:
- Entre 2000 y junio de 2022 se han abierto 4.376 investigaciones por delitos relacionados con invasión de tierras.
- El 64% de las investigaciones se concentran en el departamento del Valle del Cauca, especialmente en Cali y Buenaventura.
- En este mismo periodo, el número de personas indiciadas en Valle del Cauca pasó de 80 en el año 2000 a 288 en 2018.
- De los 4.646 indiciados, solo un porcentaje menor corresponde a líderes de organizaciones indígenas o comunitarias, lo cual desmiente que estos delitos sean exclusivamente de origen étnico o cultural.
Estos datos evidencian la gravedad del fenómeno y la necesidad urgente de contar con herramientas legales que restablezcan el orden y la seguridad jurídica en el país.
Garantías contra la impunidad y a favor de la legalidad
Una de las preocupaciones principales abordadas por el proyecto es evitar que los bienes invadidos terminen en manos de quienes han cometido delitos. Por ello, la ley establece de forma tajante que los invasores no podrán ser beneficiarios de adjudicaciones de los predios que pasen a ser gestionados por la SAE.
Asimismo, se establece que el Estado, a través de la SAE, tendrá la obligación de ejercer las acciones legales necesarias para recuperar los bienes invadidos.
¿Y qué pasa con el conflicto de interés?
De conformidad con la Ley 2003 de 2019, el proyecto de ley también hace una reflexión transparente sobre posibles conflictos de interés que puedan surgir en su discusión y votación en el Congreso. Se aclara que:
- Un conflicto de interés solo aplica cuando existe un beneficio directo, particular y actual sobre el congresista o sus familiares.
- No cualquier tipo de interés configura una causal de desinvestidura.
- El proyecto tiene alcance general y busca beneficiar a todos los propietarios víctimas, no a personas específicas ni con vínculos con el legislador.
Conclusión: una ley necesaria para recuperar la confianza en el Estado
Con este proyecto de ley se busca restablecer la confianza en la institucionalidad, proteger el derecho fundamental a la propiedad privada y enviar un mensaje claro: el Estado está del lado de los ciudadanos que cumplen la ley, no de quienes la violan.
La lucha contra la invasión de tierras requiere soluciones eficaces, jurídicas y aplicables en el corto plazo. Este proyecto representa un paso decisivo en esa dirección.Lea el Proyecto de Ley completo aquí. https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2022-2023/PL-238S-2022.pdf
