En una contundente intervención durante la plenaria del Senado, el precandidato presidencial Miguel Uribe denunció que el gobierno de Gustavo Petro ha destinado más de $726 mil millones en contratos a organizaciones indígenas, lo que calificó como un acto de politiquería financiado con los impuestos de los colombianos.
Según Uribe, desde el inicio del actual mandato se han firmado 172 contratos con las principales organizaciones indígenas del país, representando un incremento del 119% en comparación con el mismo periodo del gobierno anterior.
Contratos millonarios de Petro en cifras
Miguel Uribe detalló que el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha recibido 62 contratos por $533.495 millones, lo que representa un aumento del 137%.
Asimismo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) recibió 39 contratos por $117.553 millones y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), $54.582 millones.
Incluso las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia obtuvieron 25 contratos por $21.029 millones.
¿Petro hace pago por movilizaciones de los indígenas?
El precandidato también advirtió que estos recursos estarían siendo utilizados para “comprar apoyo popular” y movilizar indígenas hacia Bogotá en medio de manifestaciones.
Un Estado austero y eficiente
Uribe aprovechó la intervención para anunciar que, de llegar a la Presidencia, pondrá fin a estos abusos.
Se comprometió a eliminar las 10 embajadas y 24 consulados creados por el actual gobierno, así como a reducir los $25 billones en gastos de personal y contratación por OPS que —según él— han sido usados para fines clientelistas.
Contratos millonarios, crisis social: el costo de la politiquería
Esta denuncia pone en el centro del debate una problemática de fondo: el uso discrecional de los recursos públicos para favorecer intereses políticos bajo el manto de la inclusión social.
El Estado tiene la responsabilidad de ser socialmente justo, pero también fiscalmente responsable. El verdadero compromiso con lo social no se mide en cifras infladas ni en movilizaciones politizadas, sino en políticas públicas sostenibles, eficientes y equitativas.
