El precandidato presidencial, Miguel Uribe, denunció un nuevo escándalo que involucra al gobierno de Petro por el presunto uso indebido de aeronaves oficiales de la Policía Nacional para transportar influenciadores afines a su proyecto político, bajo el pretexto de apoyar la consulta popular impulsada desde la Casa de Nariño.
Uribe cuestionó que mientras los policías arriesgan su vida diariamente enfrentando la criminalidad, el gobierno utilice recursos de la Fuerza Pública para fines electorales.
Según el precandidato, el transporte de simpatizantes petristas hacia Barranquilla es una muestra clara de “campaña política disfrazada” y una “trampa” para consolidar poder por vías ilegítimas.
Acción de la Contraloría General: requerimientos a entidades del sector Defensa e Interior
En respuesta a estos y otros reportes públicos, la Contraloría General de la República anunció que ha solicitado formalmente información a varias entidades del Estado para verificar presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos.
Los puntos clave de la investigación incluyen:
1. Uso de aeronaves oficiales por influenciadores del gobierno
La Contraloría solicitó a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior:
- Confirmar la titularidad de la aeronave y su uso misional.
- Presentar la lista de pasajeros, costos del vuelo y el sustento legal o administrativo que justifique el uso del avión para este tipo de traslados.
- Aclarar si existe algún contrato o convenio que avale esta operación y quién asumió los gastos.
2. Contratos del Ministerio del Interior con RTVC
Se pidió al ministro Armando Benedetti información detallada sobre contratos suscritos con RTVC por cerca de $88.000 millones, presuntamente destinados a la realización de eventos institucionales. Se requirieron:
- Documentos contractuales.
- Soportes técnicos y financieros.
- Cronogramas y listado de eventos.
- Identificación de los responsables del proceso.
3. Contratos bajo investigación en la Armada Nacional
También se solicitó información sobre al menos 10 contratos firmados entre 2020 y 2025 por la Armada Nacional, relacionados con:
- Servicios médicos.
- Aseo y mantenimiento de instalaciones.
- Desinfecciones.
- Videovigilancia.
- Productos químicos para piscinas.
Estos contratos ya habrían sido objeto de investigaciones preliminares por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Conclusiones finales
El uso de bienes públicos con fines políticos ha vuelto al centro del debate nacional.
Las denuncias del senador Miguel Uribe han puesto en evidencia una posible desviación de funciones por parte del gobierno Petro, lo que ha motivado la reacción inmediata de la Contraloría General, entidad encargada de proteger el correcto uso de los recursos del Estado.
A la espera de las respuestas oficiales —que deben entregarse en un plazo no mayor a dos días hábiles—, Uribe advirtió que continuará ejerciendo control político para evitar que “los impuestos de los colombianos terminen financiando campañas encubiertas y abusos de poder”.
