El precandidato presidencial Miguel Uribe presentó una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado en contra del Decreto 1009 de 2023, expedido por el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), que justificó con razones falsas la extensión de la estadía del presidente Gustavo Petro en París en junio de 2023.
Según el decreto, la estadía del mandatario se prolongó por presuntas fallas técnicas aeroportuarias. Sin embargo, testimonios públicos, incluido el del entonces canciller Álvaro Leyva y el propio presidente Petro, confirman que no hubo tales fallas y que la permanencia en la capital francesa se debió a razones personales, no oficiales.
¿Qué hizo Petro en París?
- El presidente debía regresar al país el 24 de junio de 2023, pero extendió su estadía dos días más sin justificación pública.
- Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores y testigo directo, reveló en una carta abierta que no hubo problemas técnicos ni agenda oficial que justificaran la ausencia.
- El propio presidente Petro confirmó en redes sociales que se quedó por motivos personales.
- El decreto presidencial utilizó una falsa motivación, vicio reconocido por la jurisprudencia como causal de nulidad inmediata.
Una distorsión deliberada del poder presidencial
Miguel Uribe señaló que este caso no se limita a una irregularidad adminis
La demanda ante el Consejo de Estado no solo pide la nulidad del Decreto 1009 de 2023, sino que también solicita oficiar a las autoridades francesas para verificar si hubo efectivamente inconvenientes aeroportuarios, como afirmó el Gobierno, o si, como todo indica, se trató de un montaje institucional para cubrir una ausencia personal.
Manipulación institucional y falta de transparencia
El uso de un decreto para ocultar una decisión personal del presidente sienta un grave precedente, en palabras de Uribe. Según explicó:
- Se trata de una manipulación del aparato administrativo del Estado.
- Se utilizó un decreto como fachada para blindar al presidente de críticas y controles.
- La falsa motivación vulnera los principios de legalidad y transparencia de la función pública.
Conclusión: ¿Mentir en un decreto puede normalizarse?
Este caso no es una anécdota menor. Según Uribe, es una señal preocupante de cómo se distorsiona el poder presidencial en Colombia.
El proceso ante el Consejo de Estado será clave para determinar si el uso de decretos con motivaciones falsas se convierte en una práctica impune o si se trazan límites claros frente al abuso de poder.trativa. Va más allá.
