El precandidato presidencial Miguel Uribe, junto a la concejal de Bogotá, Sandra Forero, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra los impuestos a las bebidas azucaradas (IBUA) y alimentos ultraprocesados (ICUI), establecidos por la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro.
La demanda tiene como objetivo tumbar el artículo 54 de la Ley 2277 de 2022, que dio origen a estos tributos ahora incorporados en los artículos 513-1 al 513-13 del Estatuto Tributario.
Según Uribe y Forero, estos impuestos, promovidos bajo el argumento de salud pública, violan principios fundamentales como la equidad tributaria y la capacidad contributiva, afectando gravemente a pequeños comerciantes, tenderos y consumidores vulnerables.
Un impacto desigual y regresivo
La demanda también advierte que estos impuestos tienen un efecto acumulativo, ya que se cobran en cada etapa del proceso productivo si participan varios actores.
Así, una pequeña empresa que produce, empaca y distribuye un producto puede pagar el impuesto varias veces, mientras que una gran empresa integrada verticalmente lo paga solo una vez.
Cifras preocupantes: los tenderos, los más golpeados
Según datos de FENALCO, el 80% de las bebidas azucaradas en Colombia se comercializa a través de tiendas de barrio. Fenaltiendas ha alertado que:
- El 60% de los tenderos ha visto caer sus ventas.
- El 59% no ha encontrado alternativas para sustituir los productos gravados.
- El impacto ha elevado el costo de la canasta familiar, afectando a millones de colombianos.
Se gravan incluso donaciones y fusiones
Otro punto crítico de la demanda es que los impuestos también se aplican en situaciones sin ganancia ni enriquecimiento, como donaciones, fusiones empresariales o aportes a sociedades.
Un llamado a la Corte y al Congreso
Miguel Uribe y Sandra Forero pidieron a la Corte Constitucional declarar inexequibles los artículos mencionados del Estatuto Tributario.
Además, hicieron un llamado al Congreso para replantear esta política tributaria de forma que proteja a los más pequeños y no castigue a quienes ya enfrentan dificultades económicas.
