Una apuesta por la competitividad digital, la inclusión y el empleo del futuro.

“Por medio de la cual se establecen los lineamientos y disposiciones necesarias para fomentar la formación de programadores y aumentar la disponibilidad de profesionales en programación, facilitando su incorporación en el mercado laboral colombiano”.

Vivimos en una era en la que las tecnologías digitales definen el presente y marcan el rumbo del futuro.

La programación se ha convertido en una competencia esencial no solo para el sector tecnológico, sino también para toda la economía.

Las empresas que desean ser competitivas deben contar con profesionales capaces de crear soluciones tecnológicas innovadoras, adaptarse a nuevos desafíos y liderar procesos de automatización, análisis de datos e inteligencia artificial.

Este proyecto de ley nace como respuesta a una necesidad urgente: formar y capacitar más programadores en Colombia para cerrar la creciente brecha de talento digital.

Panorama Internacional que Inspira

La Cuarta Revolución Industrial ha impulsado una economía global basada en el conocimiento y la innovación. Las cifras internacionales respaldan la necesidad de actuar:

• Según GitHub (2022), Colombia fue el tercer país con mayor crecimiento de nuevos programadores en Sudamérica entre 2019 y 2022.
• Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo estima que América Latina enfrentará un déficit de más de un millón de programadores para 2025.
• El Banco Mundial proyecta la creación de 149 millones de empleos tecnológicos para 2025, 10 millones de ellos en América Latina.
• El World Economic Forum (2024) estima que entre 2024 y 2030 se crearán 16 millones de nuevos empleos digitales, alcanzando los 93 millones en 2030.
• El gasto mundial en TI alcanzará los 6.2 billones de dólares en 2026, con el software como el subsegmento de mayor crecimiento.

Todo esto indica que la demanda por habilidades digitales no solo es global, sino creciente y sostenida.

Contexto Nacional: Una Realidad que Exige Acción

Colombia está experimentando una expansión acelerada de su ecosistema digital, pero enfrenta obstáculos estructurales en la formación de talento:

• Según Fedesoft (2023), se estima una brecha de hasta 168.000 profesionales en TIC para 2025.
• Solo el 5.3% de los graduados en 2023 provino de programas relacionados con TI y software.
• La participación femenina en estos programas fue del 25%, reflejando desafíos en inclusión y equidad.
• En 2023, la matrícula en carreras TIC disminuyó en un 7.2%, a pesar del crecimiento de la demanda.
• El 51% de la oferta académica en este campo está concentrada en Bogotá, lo que refleja una desigual distribución geográfica de oportunidades.

Estos datos muestran la urgente necesidad de fortalecer la formación tecnológica desde etapas tempranas y promover el acceso equitativo en todo el territorio nacional.

Objetivo del Proyecto de Ley

Este proyecto de ley tiene como propósito cerrar la brecha de talento digital, garantizando:

• La formación de programadores en todos los niveles: técnico, tecnológico y profesional.
• La incorporación del pensamiento computacional con enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) desde la educación básica.
• La certificación de competencias en programación, mejorando la empleabilidad.
  La promoción de la igualdad de género y diversidad en el sector tecnológico.
• La creación de rutas claras de articulación entre la educación media, técnica y superior en áreas digitales.

¿Por qué Pensamiento Computacional en la Escuela?

La formación en programación no debe empezar en la universidad, sino en la escuela básica y media.

Por eso, el proyecto impulsa la implementación de cátedras de pensamiento computacional, que permitirán:

• Desarrollar habilidades lógico-matemáticas, algorítmicas y de resolución de problemas.
• Fomentar la creatividad y el trabajo interdisciplinario.
• Preparar a los estudiantes para los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial.

Justificación: Una Respuesta a los Retos del Futuro

Colombia necesita una política pública integral que permita formar a las futuras generaciones en las competencias que demanda el mercado laboral. Este proyecto:

• Fortalece la educación tecnológica, haciéndola más accesible y atractiva.
• Contribuye al cierre de la brecha digital, generando más oportunidades laborales.
• Impulsa la competitividad nacional, al contar con más profesionales capaces de liderar procesos de transformación digital.

Impacto Esperado

Con la implementación de este proyecto de ley, Colombia podrá:

• Reducir significativamente su brecha de programadores.
• Aumentar la participación de mujeres en áreas STEAM.
• Generar empleos de calidad en el sector digital.
• Elevar la productividad y competitividad de las empresas.
• Democratizar el acceso a la formación tecnológica en todas las regiones del país.

Conclusión

Este proyecto de ley es una apuesta por el futuro de Colombia. La transformación digital no es una opción, es una necesidad.

Y para afrontarla, se requiere un compromiso real con la formación del talento humano. A través de esta iniciativa, buscamos construir un país más competitivo, inclusivo y preparado para liderar en la era digital.

Desde el Congreso, seguiremos impulsando propuestas que conecten la educación con el empleo, la tecnología con el desarrollo, y el talento colombiano con el mundo.

Lea el Proyecto de Ley completo aquí. https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2025-03/PL.561-2025C%20%28PROGRAMADORES%29.pdf 

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En Colombia, la inflación ha alcanzado niveles históricos, situándose en un 12,2% anual en octubre del año 2022.
Este fenómeno no se había observado desde la crisis de 1999, cuando los precios aumentaron un 20%. Aunque entre 2004 y 2020 el promedio de inflación fue de solo 4,2%, el panorama actual representa un desafío significativo para la estabilidad macroeconómica y el bienestar de los colombianos, especialmente para los más vulnerables.
El impacto de la inflación es particularmente severo para las personas con menores ingresos, quienes destinan una mayor proporción de sus recursos al consumo de alimentos y productos básicos.
En este contexto, el senador Miguel Uribe ha presentado un Proyecto de Ley que busca reducir la tarifa general del impuesto sobre las ventas (IVA), una medida que podría aliviar la carga económica sobre los hogares más afectados.

Objetivos del Proyecto de Ley

El proyecto tiene como objetivo principal modificar el artículo 468 del Estatuto Tributario para:

Reducción de la tarifa general del IVA para aliviar la carga fiscal sobre los hogares colombianos.
Preservar y mejorar la capacidad adquisitiva de los colombianos.
Contribuir a la equidad y progresividad del sistema tributario.
Combatir la inflación, que afecta de manera desproporcionada a los hogares de menores ingresos.
Ampliación de los productos y servicios con tarifas reducidas (0% y 5%), priorizando aquellos de mayor consumo por parte de los hogares vulnerables.
Simplificación del sistema tributario para garantizar mayor equidad y progresividad.

Justificación del Proyecto de Ley

La inflación ha golpeado de manera más severa a los hogares de menores ingresos debido a que gran parte de su gasto se destina a productos básicos. Por ejemplo:

• Inflación anual para hogares pobres: 14,1%
• Inflación anual para hogares de mayores ingresos: 10,6%

La principal causa del aumento en los precios es la inflación de alimentos, que contribuye con 4,6 puntos porcentuales al total de 12,2% de inflación.
En Colombia, esta categoría alcanzó un alarmante 27%, mucho más alta que en otros países de la región:

• Brasil: 11%
• Perú: 11%
• México: 14%
• Chile: 22%
• Estados Unidos: 11%
• Zona Euro: 16%

Además de los alimentos, otros rubros también muestran incrementos significativos:

• Prendas de vestir: 9,1%
• Transporte: 10,2%
• Muebles: 16,7%
• Servicios públicos: 7%

El IVA, con su naturaleza regresiva, agrava esta situación.
Según Fedesarrollo (2021), los hogares más pobres destinan un 5,8% de sus ingresos al pago del IVA, mientras que en los hogares más ricos esta proporción es del 1,6%.
Actualmente, el 52,4% de los artículos de la canasta familiar están gravados con la tarifa del 19%, lo que ejerce una presión adicional sobre los precios de productos esenciales.

Comparación Internacional

Para mitigar el impacto del IVA, diversos países han implementado reducciones en sus tarifas. Algunos ejemplos destacados son:

• Luxemburgo: Reducción de la tarifa general del 17% al 16% (2023).
• Finlandia: Reducción del IVA de la electricidad del 24% al 10% y del transporte público del 10% al 0% (hasta abril de 2023).
• Alemania: Reducción del IVA del gas del 19% al 7%.
• Grecia: Reducción del IVA para ciertos productos del 24% al 13%.
• Polonia: Reducción del IVA en alimentos (5% a 0%), fertilizantes (8% a 0%) y combustibles (23% a 8%).

Estas medidas han demostrado ser efectivas en aliviar las presiones inflacionarias y proteger la capacidad adquisitiva de los hogares más vulnerables.

Beneficios Esperados

Reducción de la Inflación:
Al disminuir la carga tributaria sobre los bienes de consumo básico, se espera una reducción en el ritmo de crecimiento de los precios.

Mejoría en la Calidad de Vida:
Las familias tendrán mayor capacidad adquisitiva para satisfacer sus necesidades básicas.

Impulso al Consumo:
Al reducir los costos de los bienes y servicios, se podría incentivar el consumo interno, promoviendo el crecimiento económico.

Conclusiones finales

El Proyecto de Ley presentado por el senador Miguel Uribe busca responder de manera efectiva a los desafíos que enfrenta Colombia en el actual contexto inflacionario.
Reducir la tarifa del IVA no solo aliviará la carga económica sobre los hogares más vulnerables, sino que también contribuirá a mejorar la estabilidad macroeconómica y fomentar un sistema tributario más equitativo.
Con esta iniciativa, el Congreso tiene la oportunidad de adoptar una medida que no solo mitigue los efectos de la inflación, sino que también promueva un desarrollo económico más inclusivo y sostenible.

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Colombia, un país caracterizado por su impresionante biodiversidad, rica cultura y una geografía que ofrece desde playas paradisíacas hasta montañas de ensueño, se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más atractivos de América Latina.

En este contexto, el senador Miguel Uribe Turbay ha presentado un proyecto de ley que busca aliviar la situación económica del sector turismo y fortalecer su recuperación, al mismo tiempo que se contrarresta el impacto inflacionario en los precios del transporte aéreo.

La iniciativa tiene como objetivo la reducción de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los tiquetes aéreos hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que representaría un estímulo fundamental para el sector.

Contexto y Fundamento del Proyecto de Ley

La crisis del turismo colombiano: resultados de la pandemia

Antes de la pandemia, Colombia disfrutaba de un auge en la llegada de turistas internacionales.
En 2019, el país recibió más de 4,5 millones de visitantes extranjeros, un número récord.
El sector turístico representaba el 2,6% del PIB, y todo apuntaba a que este crecimiento continuaría.

Sin embargo, las restricciones impuestas por la pandemia en 2020 llevaron al colapso del sector, con una pérdida de más de 11 billones de pesos y una caída de la participación del turismo en el PIB al 1,5%.

Aunque los esfuerzos de reactivación comenzaron en 2021, los efectos de la crisis aún son palpables. Uno de los mayores desafíos sigue siendo el aumento de los precios de los tiquetes aéreos.

En 2023, los costos de los vuelos nacionales aumentaron en promedio entre un 40% y un 72%, lo que ha dificultado el acceso de los colombianos a los destinos turísticos dentro del país. Este aumento también ha contribuido a la alta inflación que actualmente afecta a la economía colombiana, que en 2023 alcanzó el 13,28%.

El contexto actual: Recuperación en proceso

A pesar de la recuperación gradual que comenzó a notarse en 2021, el sector turístico colombiano sigue enfrentando grandes obstáculos.

Aunque los indicadores de vuelos y la ocupación hotelera muestran mejoras, los altos costos de transporte y los servicios turísticos continúan representando una barrera para muchas familias colombianas que desean disfrutar de sus propios destinos turísticos.

En este contexto, el senador Miguel Uribe ha presentado una propuesta clave para aliviar la carga de los colombianos y apoyar la recuperación económica del sector: un Proyecto de Ley que busca reducir la tarifa del IVA en los tiquetes aéreos hasta 2025.

Este proyecto, que tiene un enfoque directo sobre uno de los costos más altos asociados con los viajes, beneficiaría tanto a los ciudadanos como a las empresas del sector turístico y aéreo, incentivando los viajes nacionales y contribuyendo a la reactivación de la economía.

Objetivos del Proyecto de Ley

El principal objetivo del Proyecto de Ley es reducir el IVA sobre los tiquetes aéreos, con los siguientes fines:

• Reactivar el sector turístico: La reducción del IVA estimularía la demanda de vuelos nacionales e internacionales, lo que contribuiría a la recuperación económica del sector.
• Aliviar la inflación: Disminuir el costo de los tiquetes aéreos es crucial para mitigar el impacto de la inflación en los hogares colombianos, especialmente en un contexto de aumento generalizado de los precios.
• Facilitar el acceso a los destinos turísticos nacionales: Hacer más accesibles los viajes internos en Colombia es esencial para el fortalecimiento del turismo local, especialmente en regiones que dependen de los visitantes nacionales.

Detalles del Proyecto de Ley

La propuesta legislativa busca modificar el artículo 468-3 del Estatuto Tributario para establecer una tarifa del 5% de IVA sobre los tiquetes aéreos, los servicios conexos y la tarifa administrativa asociada a la comercialización de los mismos, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Beneficios concretos de la medida:

• Reducción de precios: Los consumidores se beneficiarían de una disminución en el costo de los tiquetes aéreos, lo que hará que los viajes sean más asequibles para los colombianos.
• Estímulo al sector turístico: Al reducir el precio de los tiquetes, se espera que se reactive la demanda de vuelos, lo que contribuiría al aumento de la ocupación hotelera y al consumo de otros servicios turísticos.
• Recuperación del empleo: Un sector turístico más fuerte contribuiría a la generación de empleo, tanto en el transporte aéreo como en las empresas de servicios turísticos, fomentando una reactivación económica en diversas regiones del país.

Justificación económica

El transporte aéreo es crucial para la economía colombiana. Antes de la pandemia, el sector aéreo aportaba aproximadamente 10.500 millones de dólares al PIB y generaba 665,000 empleos, tanto directos como indirectos.

La reducción del IVA sería un estímulo importante para recuperar parte de estos números, ayudando a reactivar la conectividad nacional y aumentando el volumen de pasajeros.

Impacto Esperado del Proyecto

• Reducción de precios para los viajeros: Se prevé que los precios de los tiquetes aéreos disminuyan debido a la reducción del IVA, lo que facilitará el acceso a más colombianos a destinos turísticos dentro del país.
• Aumento de la demanda de vuelos: La reducción en los costos de los tiquetes contribuirá a la reactivación del transporte aéreo, un sector crucial para el turismo y la economía del país.
• Beneficios para el sector turístico: La medida no solo favorecería a las aerolíneas, sino que también impulsaría la demanda de alojamiento, gastronomía y otros servicios turísticos, lo que redundaría en mayores ingresos para las regiones del país que dependen del turismo.
• Mejora de la competitividad: Colombia se volvería un destino más competitivo frente a otros países de la región, al ofrecer precios más accesibles para los viajeros, lo que puede atraer más turistas internacionales.

Conflictos de interés y transparencia

El Proyecto de Ley ha sido diseñado para cumplir con las normativas vigentes sobre transparencia y conflictos de interés, en especial con la Ley 2003 de 2019.

Es importante destacar que, aunque es una iniciativa de carácter general, cada congresista debe realizar su propio examen sobre posibles conflictos de interés antes de votar sobre este proyecto.

Conclusiones finales

El Proyecto de Ley propuesto por el senador Miguel Uribe Turbay tiene como principal objetivo reducir el IVA a los tiquetes aéreos hasta 2025 para fomentar la recuperación económica del sector turismo y aliviar la inflación que afecta al bolsillo de los colombianos.

Al implementar esta reducción del IVA, se lograría una reactivación del turismo nacional, se reducirían los costos de transporte y se estimularía la economía local en las diferentes regiones del país.

La aprobación de esta ley sería un paso crucial hacia una Colombia más conectada y accesible para todos, impulsando el turismo y la economía de manera sostenible hasta 2025.

¿Quieres conocer más sobre cómo esta medida puede transformar el turismo en Colombia? Visita nuestro sitio web y mantente informado sobre las últimas propuestas y proyectos que están cambiando el futuro del país.

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En un momento crítico para la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano, se  ha radicado un proyecto de ley titulado:
“Por medio de la cual se establece el procedimiento, mecanismo, instancias y elementos para la definición, monitoreo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y Presupuestos Máximos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y se dictan otras disposiciones.”

Esta iniciativa busca fortalecer los pilares técnicos y financieros que sustentan la salud como derecho fundamental para todos los colombianos.

¿Cuál es el objetivo del proyecto?

El propósito central de esta ley es establecer un mecanismo técnico, transparente y sostenible para definir, monitorear y ajustar anualmente la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Esta herramienta es clave para garantizar la equidad en la financiación del sistema y asegurar que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) pueda cumplir con su misión de brindar servicios de calidad a toda la población.

El proyecto reconoce la urgente necesidad de reformar el modelo actual, tras dos años de dificultades económicas que han comprometido la estabilidad del sistema, y plantea soluciones reales para corregir fallas en la asignación y ajuste de los recursos, especialmente en lo referente a la UPC.

Impacto esperado: Un sistema más justo y eficiente

Con la aprobación de esta ley, se pretende superar los principales retos financieros del sistema de salud colombiano, que hoy enfrenta:

• Alta presión por el crecimiento del Plan de Beneficios en Salud (PBS).
• Aumento en los costos de nuevas tecnologías y medicamentos.
• Envejecimiento poblacional que incrementa la carga de enfermedad.
• Consecuencias económicas derivadas de la pandemia.
• Déficits presupuestales acumulados.

El Plan de Beneficios en Salud, anteriormente conocido como POS, ha evolucionado para incluir una cobertura más amplia de servicios. Sin embargo, esta expansión no ha estado acompañada de una estrategia clara que garantice la viabilidad presupuestaria.

Sin ajustes adecuados, se corre el riesgo de deterioro en la calidad del servicio y aparición de barreras de acceso para los usuarios.

¿Por qué es necesaria esta reforma?

1. Transparencia y técnica en la definición de la UPC: El proyecto establece criterios de equidad, suficiencia, homogeneidad y representatividad.
2. Monitoreo y ajuste constante: Se propone un sistema dinámico que responda al comportamiento de costos, necesidades poblacionales y nuevos desafíos del sector.
3. Evitar crisis futuras: El nuevo modelo permitiría anticiparse a presiones inflacionarias o tecnológicas que impactan los costos.
4. Garantía del derecho a la salud: Toda la población, el 99.12% según cifras del Ministerio de Salud, tiene derecho al PBS. Este proyecto garantiza que ese derecho se pueda seguir cumpliendo.

Colombia y su posición frente al gasto en salud

Según el Banco Mundial (2023), el gasto en salud como porcentaje del PIB ha aumentado considerablemente en las últimas décadas:

• 2000: 5,64%
• 2010: 7,31%
• 2020: 8,71%

Colombia incluso supera a países como Chile y Brasil en gasto público en salud, y se encuentra entre los países con menor gasto de bolsillo para los ciudadanos de la región.

No obstante, la OCDE señala que Colombia sigue por debajo del promedio en inversión en sanidad respecto a otros países miembro, lo que genera desafíos adicionales para un sistema que aspira a ser universal y equitativo.

Una apuesta por el futuro del sistema de salud

Este proyecto de ley representa una apuesta responsable por el futuro de la salud en Colombia. Lejos de discursos ideológicos, la propuesta busca construir un modelo sólido, financieramente viable y centrado en los ciudadanos.

Lea el Proyecto de Ley completo aquí. https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2024%20-%202025/PL%20341-24%20UNIDAD%20DE%20PAGO%20POR%20CAPITACION.pdf 

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En línea con nuestro compromiso de fortalecer el sistema de salud y proteger a quienes día a día arriesgan su vida por la de todos los colombianos, hemos radicado ante la Secretaría del Senado el Proyecto de Ley “Por medio del cual se promueve la vacunación gratuita del personal de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones.”

¿Cuál es el objetivo de este Proyecto de Ley?

El propósito central de esta iniciativa legislativa es garantizar el acceso gratuito y universal a las vacunas necesarias para el ejercicio seguro de la profesión de la salud, no solo para profesionales en ejercicio, sino también para estudiantes y recién graduados de carreras relacionadas con el sector salud.

Esta medida incluye médicos, odontólogos, enfermeros, técnicos de laboratorio, personal administrativo, de soporte, voluntarios y cualquier persona vinculada a instituciones que prestan servicios de salud, quienes están constantemente expuestos a agentes infecciosos.

Una política pública con impacto preventivo

Esta propuesta es, ante todo, una medida de protección y prevención. La vacunación oportuna del talento humano en salud no solo protege al profesional, sino también a sus pacientes, familiares y al entorno social más cercano. Además, fortalece el sistema sanitario nacional y reduce los riesgos de propagación de enfermedades transmisibles dentro y fuera de los centros médicos.

La iniciativa responde a una realidad académica y profesional que no puede ignorarse: en Colombia, según cifras de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME), existen 63 programas de pregrado en medicina y en 2018 se graduaron 6.429 médicos.

A pesar de estar por encima del promedio de países OCDE en formación de médicos, el país aún presenta un déficit importante de profesionales de la salud, especialmente especialistas.

Este proyecto busca eliminar una barrera más para el ejercicio de la profesión y facilitar las condiciones mínimas para una atención segura y digna, reconociendo el esfuerzo económico y humano que requiere la formación en el área de la salud.

Garantía de viabilidad fiscal sin menoscabar el derecho legislativo

Entendemos que toda iniciativa legislativa debe analizarse en su impacto fiscal. Sin embargo, este no puede ser un obstáculo que limite la autonomía del Congreso para legislar en favor del bienestar colectivo. Así lo han reconocido sentencias de la Corte Constitucional como la C-911 de 2007 y la C-625 de 2010, las cuales reafirman que la función del Congreso no puede estar supeditada a un poder de veto del Ejecutivo.

La Sentencia C-625 establece que si bien el Congreso debe tener en cuenta el esfuerzo fiscal que implica una ley, es el Ejecutivo, y específicamente el Ministerio de Hacienda, el que debe presentar los argumentos técnicos y financieros para advertir sobre la viabilidad económica de una propuesta.

En consecuencia, este Proyecto de Ley cumple con su deber de estimar el esfuerzo fiscal, pero no renuncia a su propósito por falta de pronunciamiento del Ministerio de Hacienda.

La salud pública y la protección del personal de salud deben ser una prioridad de Estado.

Conclusión: compromiso con la salud de quienes nos cuidan

Desde nuestro trabajo legislativo, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las condiciones laborales y sanitarias del personal médico en Colombia.

Este proyecto es una acción concreta en esa dirección. La vacunación gratuita no debe ser un privilegio, sino un derecho para quienes nos cuidan y salvan vidas.

Invitamos al Honorable Congreso de la República a iniciar el trámite correspondiente para que esta iniciativa sea debatida y aprobada como ley de la República.

Lea el Proyecto de Ley completo aquí. https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2024%20-%202025/PL%20332-24%20VACUNACION%20GRATUITA.pdf  

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El proyecto de ley presentado por el senador Miguel Uribe busca abordar esta problemática mediante la adopción de medidas legales específicas que prevengan, protejan y sancionen el acoso sexual digital.

Este tipo de violencia incluye conductas como el envío no consentido de mensajes, contenidos sexuales o la difusión de imágenes íntimas sin autorización, situaciones que vulneran derechos fundamentales y generan profundas afectaciones psicológicas y sociales.

El Contexto de la Ley

En la actualidad, el avance de las tecnologías digitales ha transformado radicalmente nuestra forma de comunicarnos e interactuar.

Sin embargo, este progreso también ha dado lugar a nuevas formas de violencia, como el acoso sexual digital, una manifestación alarmante de violencia de género que afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas.

Cifras que evidencian la problemática

Las estadísticas son contundentes:

• El 58% de las niñas y adolescentes reportan haber sido víctimas de acoso en línea.
• El 25% siente que está en peligro físico como consecuencia directa.
• El 42% manifiestan una pérdida de confianza en sí mismas.
• Una de cada dos considera que el acoso en internet es más intenso que en espacios públicos.

Estas cifras, provenientes del informe “(In)seguras online” de la ONG Plan International, revelan la urgencia de abordar el acoso sexual digital como un problema estructural y no como casos aislados.

Ciberflashing: Una forma de violencia común

El ciberflashing, definido como el envío de imágenes sexuales no solicitadas a través de plataformas digitales, es una de las formas más frecuentes de acoso sexual digital. Según una encuesta de YouGov (2024):

• El 36% de las mujeres menores de 40 años han recibido imágenes sexuales no solicitadas.
• De estas, el 67% ocurrió mediante redes sociales.

Esta práctica es solo una muestra de cómo el espacio digital se ha convertido en un terreno hostil para muchas mujeres.

Objetivos del Proyecto de Ley

El proyecto de ley presentado por el senador Miguel Uribe tiene como propósito principal:

1. Definir el acoso sexual digital: Incluir todas las formas de hostigamiento sexual realizadas mediante medios electrónicos.
2. Proteger a las víctimas: Establecer medidas de apoyo psicológico, asesoría legal y mecanismos de denuncia accesibles.
3. Imponer sanciones claras: Penalizar el acoso sexual digital con prisión de 1 a 3 años, de acuerdo con la gravedad del caso.
4. Fomentar educación y sensibilización: Promover campañas educativas sobre los riesgos y consecuencias del acoso digital.

Justificación del Proyecto de Ley

En Colombia, la legislación actual no está equipada para enfrentar el acoso sexual digital de manera adecuada.

Aunque existen normativas como el artículo 210A del Código Penal (que sanciona el acceso abusivo a sistemas informáticos) y el artículo 269F (que penaliza la violación de datos personales), estas no contemplan las particularidades del acoso en el entorno digital.

Un ejemplo claro de esta brecha es el caso abordado en la sentencia SP 4573/2019 de la Corte Suprema de Justicia, en el cual un caso de acoso sexual a menores mediante redes sociales no pudo ser sancionado debido a la falta de una legislación específica.

Experiencia internacional

El proyecto de ley también se inspira en normativas internacionales como:

• Ley Olimpia (México): Penaliza la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento y establece sanciones que van de 1 a 6 años de prisión.
• Código Penal de Singapur: Tipifica como delito el “ciberflashing”, sancionando la exposición sexual no solicitada en medios digitales.
• Legislación argentina: Protege la intimidad sexual penalizando la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

Estos ejemplos evidencian la posibilidad de desarrollar un marco legal efectivo para combatir el acoso sexual digital.

Texto Completo de la Ley

A continuación, se presenta el contenido íntegro de la ley:

EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA:

Artículo 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto prevenir, proteger y sancionar el acoso sexual digital.

Artículo 2. Adiciónese un artículo nuevo a la ley 599 del 2000, el cual quedará así: ARTÍCULO 210-B. ACOSO SEXUAL DIGITAL El que a través de medios digitales acose, hostigue, amenace, envíe imágenes, videos, mensajes o cualquier contenido de connotación sexual no consentida, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. Esta sanción se aplicará sin perjuicio de las penas correspondientes a otros delitos que se cometan simultáneamente con estos actos.

Artículo 3. PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL DIGITAL. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación y los demás entes territoriales, implementarán campañas de concientización y prevención sobre el acoso sexual digital contra la mujer, así como del contenido de la presente ley. Para ello, tanto el Gobierno Nacional, como los entes territoriales, deberán tener en cuenta la forma diferenciada en que este tipo de violencia se manifiesta en razón al género, la edad y la orientación sexual de las víctimas.

Artículo 4. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Impacto esperado

Con la aprobación de este proyecto de ley, se espera:

• Garantizar un entorno digital más seguro y respetuoso para las mujeres.
• Reducir significativamente las tasas de acoso sexual digital.
• Promover la denuncia y el acceso a la justicia por parte de las víctimas.
• Generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de combatir esta forma de violencia.

Conclusiones finales

El proyecto de ley liderado por el senador Miguel Uribe representa un avance crucial para enfrentar las nuevas formas de violencia que han surgido en la era digital.

Su enfoque integral y su inspiración en normativas internacionales exitosas demuestran el compromiso de Colombia con la protección de los derechos de las mujeres.

En un mundo cada vez más interconectado, es imperativo que la legislación evolucione para garantizar la seguridad y el bienestar de todos en el entorno digital.

Este proyecto no solo busca sancionar a los agresores, sino también prevenir futuras agresiones y educar a la sociedad sobre la importancia de una convivencia respetuosa en el espacio virtual.

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El senador Miguel Uribe ha presentado un proyecto de ley que busca garantizar la protección efectiva de líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas en situación de riesgo.

Esta iniciativa responde a la alarmante situación de violencia y amenazas en Colombia, planteando la creación de una estrategia integral y descentralizada que permita a los gobiernos locales actuar de manera ágil y eficaz.

Con esta propuesta, se busca fortalecer el marco normativo existente y proteger los derechos fundamentales de quienes trabajan por el bienestar de sus comunidades y la defensa de los derechos humanos.

Contexto del Proyecto de Ley y Problemática

La Constitución Política de 1991 consagra como fines esenciales del Estado la garantía de los derechos fundamentales, el mantenimiento de la convivencia pacífica y la protección de la vida, bienes y honra de todas las personas.

Además, establece la inviolabilidad de la vida, la dignidad humana y prohíbe la desaparición forzada, la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Sin embargo, estas garantías constitucionales deben entenderse en el contexto amplio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que exige a los Estados adecuar su normatividad interna para proteger a quienes defienden los derechos humanos.

A pesar del marco normativo existente, el panorama en Colombia para los líderes sociales es alarmante. Según datos de Indepaz, desde agosto de 2022 hasta junio de 2024, se han registrado:

• 333 líderes sociales asesinados, siendo Cauca, Antioquia y Valle del Cauca los departamentos más afectados.
• 68 excombatientes firmantes del acuerdo de paz asesinados.
• 158 masacres con 524 víctimas.

El informe anual de Somos Defensores (2023) también revela un preocupante aumento en:

• Desplazamientos forzados (+94%).
• Desapariciones forzadas (+150%).
• Secuestros (+60%).
• Casos de tortura (+200%).

Estas cifras reflejan la urgencia de establecer mecanismos efectivos para la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Marco Normativo y Jurisprudencia

Colombia cuenta con un marco normativo que incluye leyes y sentencias orientadas a la protección de los líderes sociales. Entre los avances más destacados está la jurisprudencia que obliga al Estado a brindar protección reforzada a personas en riesgo extraordinario o extremo.

El proyecto de ley busca complementar este marco con:

• Descentralización: Permitir que las autoridades locales tomen decisiones rápidas y efectivas.
• Fortalecimiento Institucional: Dotar a las entidades territoriales de los recursos y herramientas necesarias.

Objetivos del Proyecto de Ley

El proyecto de ley radicado por el senador Miguel Uribe tiene como objetivo principal la creación de una “Estrategia Integral y Oportuna de Atención” para la protección efectiva del derecho a la seguridad e integridad de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y otras personas objeto de protección.

La propuesta busca articular la acción de diferentes niveles de gobierno —nacional, departamental y municipal— para brindar una respuesta efectiva y rápida a las amenazas y riesgos que enfrentan estas personas.

Crear una Estrategia Integral de Atención

Este componente es crucial para garantizar que los mecanismos de protección sean efectivos y se ajusten a las necesidades específicas de cada caso.

El proyecto establece la necesidad de desarrollar una estrategia coordinada entre los diferentes niveles de gobierno, en particular, las entidades territoriales, para asegurar una respuesta rápida y adecuada a las amenazas.

Descentralización de la Ruta de Atención

A través de la descentralización, el proyecto pretende otorgar mayores responsabilidades y autonomía a las gobernaciones y alcaldías en la implementación de medidas de protección.

Esto permitirá una respuesta más ágil y ajustada a las realidades locales, facilitando la atención inmediata en situaciones de riesgo.

Búsqueda Activa de Casos

El proyecto incorpora un enfoque de “búsqueda activa”, lo que implica que las autoridades no solo deben esperar las denuncias de los afectados, sino que también deberán identificar proactivamente los casos de líderes sociales y defensores en riesgo, especialmente en aquellas regiones con mayor violencia y conflictos.

Medidas Iniciales y Transitorias de Protección

Para garantizar la seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, el proyecto prevé la implementación de medidas de protección tempranas.

Estas medidas deben ser adoptadas de manera inmediata y transitoria, hasta que se puedan implementar soluciones de largo plazo.

Fortalecimiento de la Ruta de Protección

Se busca mejorar la eficiencia de los procedimientos de protección, asegurando que las respuestas sean efectivas, oportunas y apropiadas para las amenazas que enfrentan los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Esto incluye la provisión de recursos y formación para los funcionarios encargados de garantizar la seguridad de los beneficiarios de la ley.

Beneficios Esperados

• Mejor coordinación y respuesta local: La descentralización de la protección permitirá una respuesta más rápida y adaptada a las necesidades regionales.
• Reducción de riesgos y violencia: El proyecto busca disminuir agresiones y asesinatos a líderes sociales mediante respuestas ágiles y coordinadas.
• Mayor protección en regiones críticas: Se fortalecerá la protección en áreas más afectadas por la violencia, como Cauca y Antioquia.
• Atención proactiva de amenazas: La identificación anticipada de casos de riesgo permitirá prevenir incidentes violentos antes de que ocurran.
• Fortalecimiento institucional: El proyecto fortalecerá a los gobiernos locales y a las autoridades nacionales para implementar medidas de protección eficaces.
• Mejora en la implementación de medidas de protección: Se agilizarán las medidas de protección iniciales y transitorias para garantizar la seguridad inmediata de los líderes sociales.
• Consolidación de la paz y democracia: La protección de los defensores de derechos humanos contribuirá a la estabilidad y la paz en el país.
• Mayor confianza en el Estado: El marco normativo claro y efectivo aumentará la confianza en las instituciones encargadas de la protección de derechos humanos.

Conclusiones finales

El Proyecto de Ley presentado por el senador Miguel Uribe representa un paso significativo para garantizar la protección efectiva de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.

A través de una estrategia integral y descentralizada, se busca responder de manera oportuna y eficaz a los desafíos actuales, fortaleciendo el compromiso del Estado con la vida, la seguridad y la dignidad de quienes trabajan por la promoción de los derechos humanos.

La aprobación de esta iniciativa no solo es un imperativo jurídico, sino también una acción necesaria para salvaguardar la democracia y garantizar el respeto por la vida y los derechos de todos los colombianos.

¿Te interesa conocer más sobre esta y otras propuestas para el futuro de Colombia? Visita nuestro sitio web y mantente al tanto de los proyectos legislativos que están marcando la diferencia.

¡Participa en el cambio y contribuye a construir un país más justo y seguro!

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En defensa de la niñez, de la calidad educativa y del respeto por la Constitución, el Congreso tiene hoy la oportunidad histórica de proteger uno de los pilares del desarrollo nacional: la educación.

El proyecto de ley presentado ante los Honorables Congresistas tiene como objetivo elevar a rango legal la restricción de la huelga en los servicios públicos esenciales, conforme lo ha establecido reiteradamente la Corte Constitucional.

En este contexto, se reconoce la educación como un servicio público esencial, indispensable para garantizar derechos fundamentales, en especial el de los niños, niñas y adolescentes.

¿Qué busca el proyecto de ley?

El proyecto pretende establecer que ninguna actividad organizada que satisfaga necesidades de interés general o que garantice derechos de sujetos de especial protección constitucional pueda ser suspendida bajo la figura de la huelga, cuando se trata de servicios esenciales.

Esto aplica tanto para servicios prestados por el Estado como por privados.

Particularmente, se centra en la prestación continua del servicio educativo, el cual no puede ser interrumpido arbitrariamente, dado que:

• Es un derecho fundamental protegido por el artículo 44 de la Constitución.
• Es una herramienta esencial para el desarrollo individual, social y nacional.
• Su interrupción afecta principalmente a los más vulnerables.

¿Por qué es necesario?

Según el DANE, en 2023 más de 7,6 millones de estudiantes estaban matriculados en escuelas públicas, representando el 80,2% de la educación formal del país.

Sin embargo, estos millones de estudiantes han visto vulnerado su derecho a la educación de forma reiterada por paros promovidos por sindicatos, en especial por FECODE, que han interrumpido el servicio educativo en múltiples ocasiones:

• 2018: Un cese de actividades afectó al 42% de los estudiantes.
• 2019: 7 paros impactaron entre el 33% y el 70% de la prestación del servicio.
• 2020-2021: Se registraron 5 nuevos paros, afectando hasta al 48% del estudiantado.

Estas jornadas de paro no solo interrumpen el aprendizaje, sino que retrasan procesos académicos, aumentan la desigualdad y afectan la continuidad educativa de millones de niños que no tienen otra alternativa.

El marco jurídico

Este proyecto no busca limitar el derecho a la protesta o a la huelga, consagrado en el Artículo 56 de la Constitución, sino ajustar su aplicación conforme al mismo artículo que establece claramente que la huelga no aplica a los servicios públicos esenciales, como la educación.

Además, el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 379, prohíbe expresamente a los sindicatos promover paros fuera del marco legal de una huelga, lo cual ocurre con frecuencia en el sector educativo.

¿Qué dice la Constitución?

La Constitución es clara en múltiples artículos sobre el carácter prioritario de la educación:

• Artículo 44: La educación es un derecho fundamental prevalente en los niños.
• Artículo 68: Garantiza el derecho de los padres a escoger el tipo de educación y exige que la enseñanza sea impartida por personas idóneas.
• Artículo 70: Reconoce la educación como medio de acceso a la cultura y como base de la identidad nacional.
• Artículo 365: Determina que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y deben ser prestados de forma continua y eficiente.
• Artículo 366: Señala que el bienestar general y la educación son objetivos fundamentales del Estado.

Jurisprudencia que respalda la propuesta

La Corte Constitucional, a través de sentencias como la T-423 de 1996, ha ratificado que la educación debe ser considerada un derecho fundamental de carácter esencial.

Así mismo, ha establecido que la prestación del servicio educativo no puede estar sujeta a interrupciones arbitrarias, y que corresponde al Estado garantizar su continuidad para proteger el interés superior del niño.

Lo que busca el proyecto de ley

• Proteger el derecho a la educación de los menores, en especial de aquellos en condiciones de vulnerabilidad.
• Definir legalmente a la educación como servicio público esencial, para impedir paros ilegales que interrumpan su prestación.
• Establecer un marco normativo claro, que impida que la figura de la huelga sea utilizada indebidamente como instrumento de presión política en detrimento de los estudiantes.
• Fortalecer la seguridad jurídica y el equilibrio entre los derechos laborales de los docentes y el derecho superior de los niños a educarse.

Conclusión

Este proyecto de ley no va en contra de los maestros, va en favor de los niños de Colombia. Busca proteger su derecho a educarse de manera continua, digna y segura. Es un paso firme hacia una Colombia que respeta la Constitución, que defiende los derechos de la infancia y que entiende que la educación no puede esperar.

Es hora de legislar por el futuro. Es hora de poner a los niños primero.

Lea el Proyecto de Ley completo aquí. https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2024%20-%202025/PL%20152-24%20EDUCACION%20SERVICIO%20PUBLICO%20ESENCIAL.pdf  

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“Por medio de la cual se rinde honores a la memoria y obra del expresidente Rafael Wenceslao Núñez Moledo, con ocasión del centésimo trigésimo aniversario de su fallecimiento.”

Conmemorando los 130 años del fallecimiento de uno de los líderes más influyentes en la historia política y constitucional de Colombia, el Congreso de la República presenta un Proyecto de Ley que rinde honores a la memoria del expresidente Rafael Wenceslao Núñez Moledo.

Esta iniciativa busca exaltar su legado como estadista, poeta, reformador y arquitecto de una de las Constituciones más duraderas del país.

¿Quién fue Rafael Núñez?

Nacido el 28 de septiembre de 1825 en Cartagena, Rafael Núñez fue un intelectual, político y reformista cuya vida acompañó el desarrollo de Colombia como república. Reconocido ampliamente por ser el autor de la letra del Himno Nacional de Colombia, Núñez dejó una huella imborrable en la historia política nacional.

Desde muy joven participó en la vida pública. A los 15 años se enlistó en la Guerra de los Supremos, incluso luchando en un asedio contra su propio padre. Posteriormente, se graduó como abogado y ejerció la docencia, siendo rector de la Universidad de Cartagena, antes de iniciar una extensa carrera política y diplomática.

Un Líder Reformista y Estadista

A lo largo de su vida política, Núñez fue un actor clave en momentos críticos de transformación nacional. Fue congresista, presidente del Congreso y embajador, y alcanzó la Presidencia de la República en cuatro ocasiones. Durante sus mandatos, lideró profundas reformas institucionales y promovió el fortalecimiento del Estado.

Entre sus propuestas legislativas más destacadas como congresista se encuentran:

• La creación de un banco central.
• La reforma del sistema penal.
• La declaración del puerto de Cartagena como libre.
• Proyectos sobre la naturalización de extranjeros para atraer inversión extranjera.

La Regeneración y la Constitución de 1886

El legado más perdurable de Núñez fue su rol en el movimiento conocido como la Regeneración, un proceso político que transformó la estructura del Estado colombiano y que culminó con la promulgación de la Constitución de 1886. Esta carta magna puso fin al sistema federal de los Estados Unidos de Colombia y estableció un modelo centralista y conservador.

La nueva Constitución también declaró al catolicismo como religión oficial del Estado y fortaleció el poder del Ejecutivo, con el objetivo de reducir el caos político y dar estabilidad institucional. Esta normativa regiría al país durante más de un siglo, hasta la promulgación de la Constitución de 1991.

Mandatos Presidenciales de Rafael Núñez

Primer Mandato (1880-1882)

Núñez impulsó una agenda centralista, promovió el orden institucional y preparó el camino para una reforma constitucional estructural.

Segundo Mandato (1884-1886)

Durante este periodo se consolidó la Constitución de 1886, hito fundamental en la historia colombiana. Además, promovió la creación de un banco central y políticas económicas para fomentar el comercio exterior.

Tercer Mandato (1886-1887)

Se enfocó en implementar la nueva Constitución y estabilizar la nación frente a los desafíos políticos internos.

Cuarto Mandato (1892)

Aunque asumió simbólicamente la presidencia en Cartagena, delegó el poder al vicepresidente Miguel Antonio Caro debido a su estado de salud, desde donde continuó orientando la política nacional hasta su fallecimiento el 18 de septiembre de 1894.

La Dimensión Cultural de Núñez

Además de político, Rafael Núñez fue un apasionado escritor. Su poema “Himno Patriótico”, escrito en honor a Cartagena, inspiró la letra del actual Himno Nacional de Colombia. Asimismo, fue fundador de la Sociedad Democrática de Cartagena y promovió espacios de debate intelectual en el país.

Motivos del Proyecto de Ley

Este Proyecto de Ley tiene como propósito:

• Reconocer públicamente el legado de Rafael Núñez como figura central en la historia republicana de Colombia.
• Destacar su rol como promotor de la unidad nacional, reformador del Estado y defensor de la institucionalidad.
• Exaltar su contribución cultural como autor del Himno Nacional y su papel en la formación cívica del país.

La ley contempla acciones simbólicas y pedagógicas como:

• Realizar actos conmemorativos en instituciones educativas.
• Instalar placas en su honor en Cartagena y Bogotá.
• Promover investigaciones académicas sobre su vida y obra.
• Publicar y difundir contenidos educativos relacionados con la Constitución de 1886 y su impacto.

Reflexión Final

Rafael Núñez Moledo representa una figura clave del pensamiento conservador y centralista que marcó una época en la vida republicana de Colombia. Su legado invita a reflexionar sobre la importancia del liderazgo con visión de Estado, la solidez institucional y el compromiso con el interés nacional por encima de las divisiones ideológicas.

Con este Proyecto de Ley, el Congreso no solo rinde homenaje a una vida dedicada al servicio público, sino que también reafirma el valor de la memoria histórica para construir una Colombia más informada, unida y democrática.

Lea el Proyecto de Ley completo aquí. https://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/proyectos%20de%20ley/2024%20-%202025/PL%20243-24%20RAFAEL%20NU%C3%91EZ.pdf  

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En Colombia, la protección de los derechos de los niños y adolescentes ha sido una prioridad constante en el marco legislativo.

En línea con este compromiso, el Senado presenta la Ley 145 de 2024, titulada “Por medio de la cual se modifican el artículo 83, 162 y el artículo 188 de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones – Por la niñez y adolescencia libre”.

Esta nueva ley representa un avance decisivo en la lucha contra los delitos que afectan la integridad de nuestros menores de edad.

¿Qué busca la Ley 145 de 2024?

El objetivo principal de esta ley es fortalecer la protección integral de la niñez y la adolescencia en Colombia, haciendo que los delitos sexuales contra menores no prescriban y reforzando la responsabilidad penal tanto de los adolescentes como de los adultos responsables de su cuidado.

Esta reforma se convierte en una herramienta clave para garantizar que ningún crimen cometido contra un menor quede impune, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su comisión.

¿Qué modifica esta ley?

La Ley 145 de 2024 realiza modificaciones puntuales al Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) en tres artículos fundamentales:

1. Artículo 83: Imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores

Se establece que los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, así como el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años, no prescriben.

Esto significa que las víctimas podrán acceder a la justicia en cualquier momento de sus vidas, sin limitación de tiempo.

2. Artículo 162: Responsabilidad penal de los adolescentes

Este artículo se modifica para ajustar los lineamientos sobre la responsabilidad penal de los adolescentes, asegurando que el tratamiento jurídico se ajuste a estándares de protección, pero también de responsabilidad proporcional y educativa.

3. Artículo 188: Responsabilidad penal de padres o cuidadores

La reforma también alcanza a padres, madres o responsables legales de los menores, estableciendo medidas más estrictas sobre su responsabilidad penal en casos de omisión, negligencia o participación en delitos que vulneren los derechos de los niños a su cargo.

¿Por qué es importante esta ley?

En Colombia, los delitos sexuales contra menores han sido una realidad dolorosa y persistente.

Hasta ahora, muchos casos quedaban impunes debido a los límites de tiempo impuestos por la prescripción.

Esta ley elimina esa barrera y envía un mensaje claro: los crímenes contra nuestros niños no serán tolerados ni olvidados.

Además, esta legislación:

• Fortalece el sistema de protección de la niñez.
• Mejora el acceso a la justicia para las víctimas.
• Promueve la corresponsabilidad de toda la sociedad en la protección de los menores.
• Reafirma el principio de que los derechos de los niños son prevalentes sobre los derechos de los demás.

Conclusión: Compromiso con una niñez libre y protegida

Desde el Congreso y como parte del compromiso que hemos asumido con las familias colombianas, continuaremos impulsando leyes que protejan los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia. Esta ley es un paso más hacia una Colombia en la que los niños puedan crecer libres de violencia, abuso y abandono.

Miguel Uribe reitera su compromiso con la niñez y adolescencia de Colombia, celebrando la aprobación de esta ley y recordando que la defensa de los más vulnerables no es solo un deber legal, sino un imperativo moral.

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