Gobierno Petro anticipa renta del 2026 con el decreto 0572 de 2025

Durante una contundente intervención en plenaria, el senador Miguel Uribe denunció el impacto negativo del decreto 0572 de 2025, expedido recientemente por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta norma representa un “golpe fulminante al bolsillo de los colombianos” al imponer un anticipo de la renta correspondiente al año 2026.

El decreto reduce los umbrales mínimos de retención en la fuente y eleva las tarifas para diversos sectores económicos, lo que, según el congresista, constituye de facto una reforma tributaria sin aprobación del Congreso.

“Esto es una expropiación de la caja de los empresarios”, advirtió Uribe, señalando que las principales víctimas serán las micro, pequeñas y medianas empresas, precisamente aquellas que el gobierno dice defender.

Reforma sin Congreso: Una expropiación disfrazada

Uribe detalló que la nueva norma reduce el umbral de retención de 4 UVT a 2 UVT, lo que equivale a 94.130 pesos. Esto significa que cualquier servicio pagado por encima de ese monto deberá aplicar la retención establecida en el decreto.

Esta medida anticiparía alrededor de 13,9 billones de pesos, abriendo un vacío fiscal en 2026 y afectando seriamente la liquidez del sector privado.

“Este decreto perjudica a todos, pero golpea más fuerte a los pequeños empresarios. Le arrebata la caja a quienes más la necesitan”, afirmó el precandidato, advirtiendo que el resultado podría verse reflejado en la destrucción de empleo o la quiebra de empresas.

Además, advirtió que la falta de liquidez podría trasladarse a los consumidores, provocando un aumento en el costo de vida.

Miguel Uribe interpone demanda por inconstitucionalidad del decreto

Ante la gravedad de los efectos del decreto, Miguel Uribe anunció que ha presentado una acción de nulidad simple por inconstitucionalidad, argumentando que se violan principios fundamentales como:

• Equidad tributaria, al imponer la misma carga a desiguales.
• Proporcionalidad, al exigir más de quienes menos pueden pagar.
• Justicia fiscal, al tratar igual a quienes están en condiciones económicas diferentes.

“Esta norma es regresiva y atenta contra los que más empleos generan en Colombia. El gobierno no puede trasladar su déficit fiscal al bolsillo de los colombianos. En vez de reducir gastos, eliminar el derroche y combatir la corrupción, decide exprimir aún más al sector productivo”, enfatizó.

Uribe pide al Consejo de Estado suspender decreto por daño económico inminente

El precandidato hizo un llamado urgente al Consejo de Estado para que declare la nulidad del decreto y, además, ordene su suspensión inmediata como medida cautelar, argumentando el daño que generará sobre el 90% de las empresas colombianas.

La denuncia de Miguel Uribe pone en evidencia los riesgos de gobernar por decreto, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan de manera directa el bolsillo de millones de colombianos.

El decreto 0572 de 2025 no solo genera inseguridad jurídica, sino que debilita la confianza del sector productivo en las instituciones. En lugar de fomentar un entorno propicio para el crecimiento, el gobierno impone más cargas a quienes sostienen la economía nacional.

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Este miércoles 11 de junio, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, deberá comparecer en el Congreso de la República en medio de graves denuncias por corrupción, pérdida de valor empresarial e irregularidades administrativas.

Debate de control político en el Congreso por crisis en Ecopetrol

El debate de control político busca evidenciar cómo, bajo la administración de Roa, la empresa más importante de los colombianos ha entrado en una profunda crisis.

La citación responde a la necesidad de esclarecer la presunta participación de una “banda de ladrones” que estaría saqueando la compañía.

Ricardo Roa enfrenta nuevas denuncias por interceptaciones ilegales

Uno de los hechos más alarmantes es la reciente denuncia que señala que Ricardo Roa habría ordenado interceptar las comunicaciones de 70 funcionarios de Ecopetrol, utilizando un contrato por valor de 5 millones de dólares.

Este acto, de comprobarse, representaría una grave violación a los derechos fundamentales y a las normas del orden jurídico nacional.

Procuraduría pide sanción por irregularidades en campaña de Petro

A estos escándalos se suma la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, que envió un concepto al Consejo Nacional Electoral pidiendo sancionar a Roa por violar los topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Se le acusa de haber excedido los límites en 154 millones de pesos en primera vuelta y de ocultar 100 millones de pesos en la segunda vuelta.

Ecopetrol pierde valor: desplome de utilidades y deterioro financiero

Desde que Roa asumió la presidencia de Ecopetrol, las cifras muestran un preocupante deterioro:

• Caída de 5.7 billones de pesos en utilidades.
• Bajo el gobierno de Petro, la empresa ha perdido el 70% de sus utilidades.
• El precio de la acción cayó más del 20%.
• La calificadora Moody’s redujo la calificación crediticia de la compañía.
• Se han realizado 19 cambios en la estructura de vicepresidencias, lo que evidencia una administración errática.

Proyecto Oslo paralizado por decisiones ideológicas

Una de las decisiones más controversiales ha sido la suspensión del proyecto Oslo en Texas, Estados Unidos, considerado como la operación más rentable de Ecopetrol.

La medida, según expertos, responde a motivos ideológicos del actual gobierno y ha afectado directamente la rentabilidad y sostenibilidad de la compañía.

Endeudamiento creciente y riesgo operativo

La gestión de Roa ha llevado a Ecopetrol a un endeudamiento peligroso, con tasas de interés elevadas que comprometen la viabilidad operativa de la empresa.

En lugar de fortalecer sus finanzas, la empresa ha optado por cubrir déficits mediante préstamos que pueden comprometer su futuro.

Exigen la renuncia de Ricardo Roa

Frente a este panorama, el llamado es claro: Ricardo Roa debe renunciar de inmediato.

Como lo ha afirmado el precandidato presidencial, Miguel Uribe, la gestión actual no solo ha golpeado el valor de Ecopetrol, sino que también ha destruido la confianza de los colombianos en la administración de los recursos públicos.

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Según el precandidato, esta insistencia representa una grave falta de respeto a las instituciones democráticas del país.

Uribe recordó que tanto el Senado como el Congreso ya se pronunciaron en contra de la propuesta, y que una nueva convocatoria a consulta popular no solo es innecesaria, sino también un derroche injustificable de recursos públicos.

La cifra estimada del costo de esta iniciativa superaría los 700 mil millones de pesos, monto que podría destinarse a atender necesidades urgentes de los colombianos.

Frente a esta situación, Uribe anunció que, en caso de que el Gobierno decida avanzar mediante decreto con la consulta, ya está preparada una acción de nulidad con el objetivo de frenar lo que considera una medida arbitraria.

En su análisis, esta insistencia no responde a la voluntad de resolver los problemas reales del país, sino a una estrategia para aferrarse al poder por parte de Gustavo Petro.

El precandidato reafirmó su compromiso con la defensa del orden institucional, el respeto a las decisiones del Congreso y el uso responsable de los recursos públicos.

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Mientras el país enfrenta una de las tasas de informalidad más altas de América Latina, el Gobierno de Gustavo Petro insiste en imponer una reforma laboral que, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo en Colombia, amenaza con agravarlos.

Desde su nacimiento, esta reforma ha sido vendida como un paso hacia la “dignificación del trabajo”.

Pero detrás de ese discurso supuestamente progresista se esconde una realidad alarmante: la propuesta no busca generar empleo, así lo reconoció la propia ministra de Trabajo al inicio del actual gobierno.

Entonces, ¿para quién es realmente esta reforma?

Una promesa vacía con consecuencias reales

Durante un contundente pronunciamiento en el Senado, el precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, cuestionó con firmeza el proyecto de reforma laboral.

Lo que se presenta como una mejora para los trabajadores, es en realidad un dulce envenenado.

La evidencia es clara: el Banco de la República y múltiples expertos advierten que se podrían destruir hasta 400.000 empleos formales si esta reforma entra en vigor. Peor aún, entre 1.6 y 2.4 millones de personas pasarían a la informalidad, debilitando aún más el tejido laboral colombiano.

Petro dice defender el empleo formal, pero la realidad es que su reforma lo está destruyendo desde adentro.

Hay una contradicción profunda entre el discurso oficial y los efectos previstos: no se puede proteger al trabajador si se destruyen las condiciones que hacen posible su empleo.

La reforma repite errores de Venezuela y Argentina

Esta reforma no nace de un análisis técnico ni de una visión moderna del mercado laboral.

Su fundamento es ideológico: lucha de clases, enfrentamiento entre empleadores y trabajadores, el mismo modelo que empujó al fracaso a países como Venezuela y Argentina.

El paralelo con la ley de trabajadores de Hugo Chávez no es una exageración: se trata de una copia peligrosa que apunta a destruir el sector productivo colombiano con fines puramente políticos.

El propósito no es mejorar las condiciones laborales, es perpetuarse en el poder, como ya se ha visto con otros intentos fallidos del presidente Petro, incluyendo la consulta popular que fue rechazada y hundida en el Congreso.

¿Dónde está la política de empleo?

El gobierno celebra una supuesta reducción del desempleo al 9,6 %, pero omite un dato crucial: el 78 % del empleo que se ha creado en esta administración es informal.

Es decir, se trata de trabajos precarios, sin protección ni garantías, que aumentan la vulnerabilidad de los trabajadores. En lugar de avanzar hacia la formalización, estamos retrocediendo.

Una verdadera política laboral debe partir de una premisa clara: la peor condición laboral es el desempleo y la informalidad.

Por eso, las reformas deben tener como eje central la creación de empleo digno y sostenible, no una agenda ideológica alejada de la realidad del país.

Propuestas alternativas desde el Congreso

En su intervención, Miguel Uribe también presentó propuestas concretas que el Centro Democrático ha trabajado junto a otros senadores, orientadas a construir una economía fraterna:

• Prima de productividad: una herramienta que alinea los intereses del trabajador y el empleador, promoviendo la mejora del desempeño empresarial y una distribución justa del crecimiento.
• Menos impuestos, más inversión: para aumentar los ingresos laborales, hay que liberar a las empresas del asfixio tributario. Sin inversión privada no hay empresas; sin empresas, no hay empleo; y sin empleo, no hay política social viable. Este es un punto que Uribe ya había denunciado cuando alertó sobre una nueva reforma tributaria disfrazada.
• Defensa del contrato sindical y del contrato de aprendizaje SENA: la reforma actual los destruye, cerrando puertas a la formación y empleabilidad juvenil.

Conclusión: una reforma necesaria, pero no así

Miguel Uribe cerró su intervención insistiendo en que Colombia sí necesita una reforma laboral, pero una que genere empleo, reduzca la informalidad y modernice el mercado laboral, no una que destruya lo que ya existe por motivos políticos.

Colombia necesita una base mínima de formalidad laboral para construir un futuro con oportunidades reales. Millones de familias merecen algo mejor que promesas vacías.

Esta reforma no es el camino: es una trampa disfrazada de progreso. Y no la vamos a permitir.

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El precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay solicitó una inspección inmediata del Ministerio de Trabajo a todos los negocios vinculados con el representante a la Cámara David Racero, miembro del Pacto Histórico.

La petición surge tras revelarse audios en los que se evidenciarían condiciones laborales precarias, como jornadas de hasta 13 horas sin prestaciones sociales y pagos irregulares.

Condiciones laborales irregulares

De acuerdo con Uribe, los audios muestran que Racero habría incurrido en abusos laborales, ofreciendo empleos con largas jornadas, sin garantías mínimas ni seguridad social, lo que contradice el discurso del gobierno y su bancada, que han promovido la reforma laboral como una de sus banderas sociales.

“Lo que dicen deben hacerlo cumplir. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones contundentes”, agregó el senador.

Llamado al Ministerio de Trabajo

Uribe instó a la ministra Gloria Inés Ramírez a tomar medidas concretas: “El Ministerio debe actuar con firmeza, garantizando el respeto a los derechos laborales y el cumplimiento de la ley en todos los centros de trabajo involucrados”.

El precandidato exige que se apliquen inspecciones amplias, no solo al local donde ocurrieron los hechos denunciados, dedicado a la venta de frutas y verduras, sino a todos los negocios vinculados con Racero, sin importar si están activos o cerraron en años anteriores.

Hipocresía política y exigencia de coherencia

Miguel Uribe también criticó la incoherencia entre el discurso público de Racero y sus acciones privadas.

Esta denuncia ocurre en un momento en que el representante Racero enfrenta otras críticas por supuestos casos de clientelismo en entidades estatales.

Proyección presidencial de Uribe

Como uno de los principales opositores del gobierno Petro y crítico constante de la reforma laboral, Uribe fortalece su perfil como líder del Centro Democrático y se perfila como un precandidato presidencial para 2026.

Este nuevo episodio refuerza su discurso de lucha contra el abuso de poder, la corrupción y el doble discurso dentro del Congreso.

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Durante su participación en el séptimo foro de precandidatos presidenciales organizado por el Centro Democrático en Cali, el precandidato Miguel Uribe presentó una contundente propuesta en materia de seguridad, reiterando su compromiso de no negociar con organizaciones criminales y de respaldar firmemente a la Fuerza Pública.

No vamos a entregar el país a quienes lo tienen secuestrado con miedo y violencia

En su intervención, Uribe fue enfático al declarar que su gobierno no permitirá diálogos con grupos armados mientras sigan cometiendo delitos como el secuestro, la extorsión o el narcotráfico.

Aseguró que cualquier proceso de paz solo será viable si los grupos ilegales se desmovilizan, cesan sus actividades criminales y se someten a la justicia ordinaria sin beneficios políticos ni jurídicos.

Fortalecimiento de la Fuerza Pública y nueva póliza de protección jurídica

Entre los anuncios más destacados del foro, Uribe propuso:

• La creación de una póliza legal para soldados y policías, que cubra los costos de defensa judicial derivados del ejercicio de sus funciones.
• El fortalecimiento de la justicia penal militar.
• La creación de tres batallones de alta montaña en el Valle del Cauca, con el fin de aumentar la capacidad operativa de las fuerzas armadas en esta región estratégica.

Recuperar el control territorial en Jamundí y Buenaventura

Frente al deterioro del orden público en el suroccidente del país, el precandidato anunció medidas concretas:

• En Jamundí, el Ejército tendrá la misión de recuperar la zona rural en menos de seis meses, mediante operaciones ofensivas contra el narcotráfico y la guerrilla, acompañadas de inversión social en escuelas, vías y empleo.
• En Buenaventura, impulsará un plan integral de intervención que combine operativos de alto impacto, renovación urbana y apoyo empresarial para reactivar el empleo. Un contingente especial de policías, fiscales y jueces será desplegado para desarticular estructuras criminales como los Shottas y Espartanos.

Reforma a la JEP y rechazo a la politización del conflicto

Uribe cuestionó el funcionamiento actual de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señalando que ha operado más como un mecanismo de impunidad que de justicia. Por ello, se comprometió a:

• Promover una reforma profunda que revise la composición de la magistratura.
• Establecer estándares probatorios más rigurosos.
• Garantizar que las víctimas reciban verdad, reparación y justicia efectiva.

Protesta pacífica sí, vandalismo no

En relación con los bloqueos y disturbios, Uribe fue tajante: su gobierno no permitirá que la violencia paralice al país. Anunció que:

• Se reformará el Código Penal para tipificar con mayor severidad bloqueos ilegales y ataques a infraestructura pública.
• Se creará una unidad conjunta entre Policía y Fiscalía para judicializar a los cabecillas de actos vandálicos, incluidos encapuchados en universidades.

Oportunidades para jóvenes en alto riesgo

Uribe también presentó una estrategia nacional para jóvenes en riesgo de caer en redes criminales. Su propuesta incluye:

• Programas de resocialización con enfoque psicosocial.
• Formación técnica en sectores con alta demanda laboral.
• Acceso a créditos para emprendimiento.

Todo ello bajo una premisa clara: autoridad firme y cero tolerancia al reclutamiento ilegal.

No más chantajes disfrazados de causas sociales

El precandidato se refirió además a las invasiones de tierras y bloqueos promovidos por algunas comunidades. Propuso:

• Una ley que prohíba la financiación estatal de invasiones ilegales.
• Garantizar que los proyectos estratégicos no se frenen por intereses particulares o extorsiones disfrazadas de reivindicaciones sociales.

Con una propuesta basada en orden, autoridad, justicia y oportunidades, Miguel Uribe se consolidó en este foro como el precandidato que propone una visión clara de seguridad para Colombia, sin concesiones a la ilegalidad y con verdadero respaldo a quienes protegen al país.

Lea el comunicado completo aquí.

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El precandidato presidencial, Miguel Uribe, reaccionó con contundencia a las polémicas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien durante una audiencia pública en Popayán instó a los ciudadanos a dejar de consumir cerveza y guardar su dinero “debajo del colchón”.

Para Uribe, este tipo de mensajes envían señales equivocadas en un país que lucha por mejorar sus índices de inclusión financiera y crecimiento económico.

“Guardar la plata en el colchón es empobrecer a los colombianos”, advierte Miguel Uribe

Uribe calificó como irresponsables las afirmaciones de Jaramillo y señaló que sugerir el abandono del sistema financiero formal es “condenar a los colombianos a la pobreza”.

Recordó que el dinero pierde valor adquisitivo con el tiempo, por lo que guardar efectivo “debajo del colchón”, en lugar de invertirlo o ahorrarlo en entidades reguladas, solo agrava la situación económica de las familias más vulnerables.

Ataque al emprendimiento y al empleo privado

Para Miguel Uribe, lo más grave de las declaraciones del ministro es el tono de confrontación hacia el empresariado y el emprendimiento.

“Promueve el resentimiento y el odio contra quienes generan empleo y bienestar”, afirmó el senador, subrayando que el sector privado, incluyendo industrias como la cervecera y el sistema financiero, aporta miles de empleos y billones de pesos a la economía colombiana.

Riesgos de salir del sistema financiero

El precandidato enfatizó que invitar a los colombianos a no usar el sistema bancario es desinformar y poner en riesgo su futuro económico. Además, destacó que abandonar estos servicios empuja a muchas personas hacia el gota a gota, con consecuencias negativas para su estabilidad financiera.

“Este gobierno le hace daño al país”: Se insiste en un cambio en 2026

Para Miguel Uribe, este episodio es una nueva muestra de cómo el Gobierno Petro y sus funcionarios manejan la economía desde la ideología y no desde la responsabilidad.

Reiteró que el país necesita un cambio urgente: “Esta pesadilla hay que acabarla en 2026”, sentenció, haciendo un llamado a los colombianos para que defiendan la libertad económica y el emprendimiento como pilares del desarrollo nacional.

Empresarios, ahorro y reforma a la salud: un nuevo foco de tensión

Las declaraciones del ministro Jaramillo se dieron en medio del debate por la reforma a la salud impulsada por el Gobierno, en una audiencia que terminó centrándose más en la confrontación con los empresarios que en las propuestas concretas.

La respuesta de Miguel Uribe se suma a una larga lista de voces críticas que cuestionan el enfoque del Ejecutivo frente al sector privado, el ahorro y la economía en general.

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El precandidato presidencial, Miguel Uribe, denunció un nuevo escándalo que involucra al gobierno de Petro por el presunto uso indebido de aeronaves oficiales de la Policía Nacional para transportar influenciadores afines a su proyecto político, bajo el pretexto de apoyar la consulta popular impulsada desde la Casa de Nariño.

Uribe cuestionó que mientras los policías arriesgan su vida diariamente enfrentando la criminalidad, el gobierno utilice recursos de la Fuerza Pública para fines electorales.

Según el precandidato, el transporte de simpatizantes petristas hacia Barranquilla es una muestra clara de “campaña política disfrazada” y una “trampa” para consolidar poder por vías ilegítimas.

Acción de la Contraloría General: requerimientos a entidades del sector Defensa e Interior

En respuesta a estos y otros reportes públicos, la Contraloría General de la República anunció que ha solicitado formalmente información a varias entidades del Estado para verificar presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos.

Los puntos clave de la investigación incluyen:

1. Uso de aeronaves oficiales por influenciadores del gobierno

La Contraloría solicitó a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior:

• Confirmar la titularidad de la aeronave y su uso misional.
• Presentar la lista de pasajeros, costos del vuelo y el sustento legal o administrativo que justifique el uso del avión para este tipo de traslados.
• Aclarar si existe algún contrato o convenio que avale esta operación y quién asumió los gastos.

2. Contratos del Ministerio del Interior con RTVC

Se pidió al ministro Armando Benedetti información detallada sobre contratos suscritos con RTVC por cerca de $88.000 millones, presuntamente destinados a la realización de eventos institucionales. Se requirieron:

• Documentos contractuales.
• Soportes técnicos y financieros.
• Cronogramas y listado de eventos.
• Identificación de los responsables del proceso.

3. Contratos bajo investigación en la Armada Nacional

También se solicitó información sobre al menos 10 contratos firmados entre 2020 y 2025 por la Armada Nacional, relacionados con:

• Servicios médicos.
• Aseo y mantenimiento de instalaciones.
• Desinfecciones.
• Videovigilancia.
• Productos químicos para piscinas.

Estos contratos ya habrían sido objeto de investigaciones preliminares por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Conclusiones finales

El uso de bienes públicos con fines políticos ha vuelto al centro del debate nacional.

Las denuncias del senador Miguel Uribe han puesto en evidencia una posible desviación de funciones por parte del gobierno Petro, lo que ha motivado la reacción inmediata de la Contraloría General, entidad encargada de proteger el correcto uso de los recursos del Estado.

A la espera de las respuestas oficiales —que deben entregarse en un plazo no mayor a dos días hábiles—, Uribe advirtió que continuará ejerciendo control político para evitar que “los impuestos de los colombianos terminen financiando campañas encubiertas y abusos de poder”.

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Para Uribe, se trata de una maniobra disfrazada para hacer que los colombianos paguen por el hueco fiscal causado por el despilfarro, la improvisación económica y la corrupción del actual Gobierno.

Un déficit histórico impulsado por la burocracia

Uribe denunció que el déficit fiscal alcanzó los 115 billones de pesos en 2024, una cifra que supera incluso las proyecciones oficiales.

Al mismo tiempo, el gasto en burocracia aumentó en 100 billones de pesos en solo dos años.

Desde la llegada de Petro al poder, el presupuesto nacional creció en 140 billones, pero no en inversión, sino en funcionamiento del Estado.

• El Ministerio de Hacienda aumentó su planta en 107%.
• La DIAN creció en 153% en personal.
• Ya hay más de 140 mil contratistas por prestación de servicios.
• Solo en 2024, el Estado gastó 5.3 billones de pesos en contratos de este tipo.

Caída en la inversión y pérdida de confianza internacional

La crítica situación fiscal ha llevado a una caída dramática en la inversión como porcentaje del PIB, que se sitúa en apenas 16,6%, por debajo del promedio regional. El Fondo Monetario Internacional ha identificado que dos tercios de esta caída se deben a la incertidumbre política generada por el Gobierno Petro.

Además, el país enfrenta un deterioro de su imagen internacional:

• El FMI suspendió la línea de crédito flexible.
• Fitch Ratings bajó la perspectiva de Colombia de estable a negativa.
• Hoy, Colombia paga intereses más altos que Turquía o Sudáfrica, a pesar de tener mejor calificación crediticia.

Mentiras desde el Ministerio de Hacienda

El precandidato también denunció una estrategia sistemática de ocultamiento por parte del Ministerio de Hacienda.

El Gobierno ha culpado al precio del carbón, a los contribuyentes y a decisiones judiciales para justificar la caída en el recaudo, ignorando que fue su propia reforma tributaria de 2022 la que asfixió al sector productivo y redujo en casi 20 billones de pesos el recaudo por impuesto de renta.

Además, hay 5.9 billones de pesos clasificados como “otros”, sin justificación clara, y 28,7 billones rotulados como “Transacciones de Única Vez” sin explicación.

Una exigencia clara: menos derroche, más responsabilidad

Miguel Uribe dejó claro que Colombia no necesita otra reforma tributaria, sino un gobierno que administre bien, diga la verdad y recupere la confianza del país en sus instituciones.

La denuncia del senador pone en evidencia una crisis fiscal profunda que, según él, tiene responsables con nombre propio: el Palacio de Nariño y el Ministerio de Hacienda.

Lea el comunicado completo aquí.

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Miguel Uribe, precandidato presidencial del Centro Democrático, celebró el hundimiento de la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, calificándolo como un triunfo para el país y un freno a lo que consideró una estrategia “politiquera y tramposa”.

Un golpe a la consulta y un alivio para el bolsillo de los colombianos

Con la decisión del Congreso, se evita el gasto de más de 700 mil millones de pesos que, según Uribe, ahora podrán destinarse a sectores clave como:

• Vivienda
• Salud
• Educación
• Programas de alimentación

Una trampa para impulsar el partido de Petro y su sucesor

El precandidato fue enfático al señalar que la consulta popular propuesta por el Gobierno tenía como fin fortalecer políticamente al petrismo, utilizando recursos públicos para promover su partido y posicionar a su candidato para 2026.

Reforma laboral, el nuevo frente de batalla

Tras el fracaso de la consulta, Uribe advirtió que la lucha ahora se centrará en frenar la reforma laboral, la cual fue revivida por el propio Gobierno y comparó con la legislación impulsada por Hugo Chávez en Venezuela.

Además, reveló que la reactivación de la reforma laboral fue lo que inclinó la balanza para que varios indecisos se sumaran a hundir la consulta.

Oposición firme y propositiva

Miguel Uribe reiteró que se mantiene firme con la oposición y ha dejado claro que su lucha no se detiene: continuará desde el Congreso y las calles, con argumentos, propuestas y una visión de país basada en la generación de oportunidades, la defensa de la democracia y el uso eficiente de los recursos públicos.

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