La implementación del nuevo sistema de salud para el magisterio, es decir, el régimen especial de salud de los maestros; presentada por el gobierno como una “solución innovadora” el 1 de mayo de 2024, no solo ha fallado en atender a más de 800.000 maestros y sus familias, sino que se ha convertido en un experimento fallido que evidencia la incapacidad del gobierno para gestionar algo tan fundamental como la salud.
Este desastre no debería ser un simple traspié; es una señal de alerta sobre el peligro de extender este modelo a todos los colombianos.
Sin embargo, la administración Petro parece decidida a ignorar estas advertencias y avanzar hacia una reforma nacional de salud que promete replicar los mismos errores, pero a mayor escala.
Improvisación: el sello de la reforma
Desde su concepción, el modelo de salud del magisterio fue un ejemplo de improvisación y falta de planificación.
Se eliminó a los operadores tradicionales y se delegó la responsabilidad a la Fiduprevisora, una entidad sin experiencia en la gestión de salud. Como era de esperarse, la transición estuvo plagada de errores: bases de datos incompletas, ausencia de historias clínicas y una red de proveedores de medicamentos inexistente.
Incluso el presidente de la Fiduprevisora, Jhon Mauricio Marín, reconoció públicamente en el Senado que el sistema arrancó sin las herramientas necesarias.
Su renuncia no fue suficiente para ocultar el caos que ha dejado a miles de docentes desprotegidos. A pesar de ello, el gobierno insiste en usar este modelo como piloto de su reforma nacional, mostrando una desconexión alarmante con la realidad.
Historias de abandono
El impacto de esta reforma mal ejecutada no se mide en estadísticas frías, sino en vidas afectadas.
Según un análisis de La Silla Vacía, casos como el de Mavis del Portillo, una maestra jubilada de 64 años, ha pasado meses sin recibir medicamentos para tratar su hipertensión, diabetes y artrosis.
Las farmacias “habilitadas” por la Fiduprevisora no tienen ni contratos vigentes ni información sobre los afiliados.
También se menciona el caso de la sobrina del profesor César Manjarréz, igualmente alarmante. Su cirugía para tratar una posible masa maligna fue cancelada debido a la transición al nuevo modelo. Aunque logró reprogramarla gracias a contactos personales, este episodio refleja cómo el sistema obliga a depender de influencias para obtener servicios básicos.
Por otro lado, como se menciona en un artículo de Infobae, es aún más trágica la historia de Sandra, una docente cuyo esposo murió esperando atención básica en diciembre de 2024. Su caso no es un hecho aislado, sino un síntoma del colapso estructural de este modelo que no solo deshumaniza la atención médica, sino que también pone en peligro vidas.
Un piloto fallido: una amenaza para todos
La insistencia del gobierno en replicar este modelo a nivel nacional es no solo irresponsable, sino peligrosa.
Si los errores del sistema del magisterio son una muestra de lo que está por venir, millones de colombianos enfrentan un futuro sombrío.
- Corrupción institucionalizada: El expresidente de la Fiduprevisora fue señalado por nepotismo y favoritismos hacia prestadores vinculados a antiguos operadores. ¿Qué garantías hay de que este patrón no se repetirá a nivel nacional?
- Desbordamiento de costos: Contratos excesivos para la atención primaria están agotando recursos que deberían destinarse a tratamientos complejos. La falta de controles en el gasto es un presagio de un colapso financiero del sistema de salud.
- Improvisación estructural: La ausencia de planificación, sumada a una gestión centralizada e ineficiente, ya ha demostrado su incapacidad en el caso del magisterio.
Conclusión: la salud es un derecho no negociable
El modelo de salud del magisterio es un espejo de lo que podría suceder si el gobierno insiste en llevar a cabo su reforma nacional sin aprender de estos errores. Es inadmisible que algo tan fundamental como la salud sea tratado como un experimento político.
La improvisación, el clientelismo y la falta de transparencia no solo han fracasado en resolver problemas, sino que los han agravado. Si este modelo se extiende a todos los colombianos, las consecuencias podrían ser catastróficas.
El gobierno debe abandonar esta reforma insostenible y buscar soluciones reales que prioricen la dignidad y el bienestar de los ciudadanos.
La salud no puede ser un campo de pruebas para proyectos políticos mal concebidos; es un derecho humano que exige responsabilidad, experiencia y un enfoque centrado en las personas. La pregunta es: ¿escuchará el gobierno antes de que sea demasiado tarde?
