Mientras el país enfrenta una de las tasas de informalidad más altas de América Latina, el Gobierno de Gustavo Petro insiste en imponer una reforma laboral que, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo en Colombia, amenaza con agravarlos.
Desde su nacimiento, esta reforma ha sido vendida como un paso hacia la “dignificación del trabajo”.
Pero detrás de ese discurso supuestamente progresista se esconde una realidad alarmante: la propuesta no busca generar empleo, así lo reconoció la propia ministra de Trabajo al inicio del actual gobierno.
Entonces, ¿para quién es realmente esta reforma?
Una promesa vacía con consecuencias reales
Durante un contundente pronunciamiento en el Senado, el precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, cuestionó con firmeza el proyecto de reforma laboral.
Lo que se presenta como una mejora para los trabajadores, es en realidad un dulce envenenado.
La evidencia es clara: el Banco de la República y múltiples expertos advierten que se podrían destruir hasta 400.000 empleos formales si esta reforma entra en vigor. Peor aún, entre 1.6 y 2.4 millones de personas pasarían a la informalidad, debilitando aún más el tejido laboral colombiano.
Petro dice defender el empleo formal, pero la realidad es que su reforma lo está destruyendo desde adentro.
Hay una contradicción profunda entre el discurso oficial y los efectos previstos: no se puede proteger al trabajador si se destruyen las condiciones que hacen posible su empleo.
La reforma repite errores de Venezuela y Argentina
Esta reforma no nace de un análisis técnico ni de una visión moderna del mercado laboral.
Su fundamento es ideológico: lucha de clases, enfrentamiento entre empleadores y trabajadores, el mismo modelo que empujó al fracaso a países como Venezuela y Argentina.
El paralelo con la ley de trabajadores de Hugo Chávez no es una exageración: se trata de una copia peligrosa que apunta a destruir el sector productivo colombiano con fines puramente políticos.
El propósito no es mejorar las condiciones laborales, es perpetuarse en el poder, como ya se ha visto con otros intentos fallidos del presidente Petro, incluyendo la consulta popular que fue rechazada y hundida en el Congreso.
¿Dónde está la política de empleo?
El gobierno celebra una supuesta reducción del desempleo al 9,6 %, pero omite un dato crucial: el 78 % del empleo que se ha creado en esta administración es informal.
Es decir, se trata de trabajos precarios, sin protección ni garantías, que aumentan la vulnerabilidad de los trabajadores. En lugar de avanzar hacia la formalización, estamos retrocediendo.
Una verdadera política laboral debe partir de una premisa clara: la peor condición laboral es el desempleo y la informalidad.
Por eso, las reformas deben tener como eje central la creación de empleo digno y sostenible, no una agenda ideológica alejada de la realidad del país.
Propuestas alternativas desde el Congreso
En su intervención, Miguel Uribe también presentó propuestas concretas que el Centro Democrático ha trabajado junto a otros senadores, orientadas a construir una economía fraterna:
- Prima de productividad: una herramienta que alinea los intereses del trabajador y el empleador, promoviendo la mejora del desempeño empresarial y una distribución justa del crecimiento.
- Menos impuestos, más inversión: para aumentar los ingresos laborales, hay que liberar a las empresas del asfixio tributario. Sin inversión privada no hay empresas; sin empresas, no hay empleo; y sin empleo, no hay política social viable. Este es un punto que Uribe ya había denunciado cuando alertó sobre una nueva reforma tributaria disfrazada.
- Defensa del contrato sindical y del contrato de aprendizaje SENA: la reforma actual los destruye, cerrando puertas a la formación y empleabilidad juvenil.
Conclusión: una reforma necesaria, pero no así
Miguel Uribe cerró su intervención insistiendo en que Colombia sí necesita una reforma laboral, pero una que genere empleo, reduzca la informalidad y modernice el mercado laboral, no una que destruya lo que ya existe por motivos políticos.
Colombia necesita una base mínima de formalidad laboral para construir un futuro con oportunidades reales. Millones de familias merecen algo mejor que promesas vacías.
Esta reforma no es el camino: es una trampa disfrazada de progreso. Y no la vamos a permitir.
