En defensa de los colombianos y su bienestar, logramos archivar una Reforma Tributaria que representaba una carga injusta e innecesaria.Esta propuesta surgió como respuesta al desfinanciamiento provocado por el presupuesto histórico de 523 billones de pesos aprobado para 2025, el más grande en la historia del país. Sin embargo, desde el principio advertimos que este desequilibrio fiscal no debía resolverse a expensas de más impuestos para los ciudadanos.
El crecimiento desmedido del gasto público
El gasto público se ha disparado desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, con un aumento de 100 billones de pesos. Este incremento, lejos de generar un impulso económico, ha coincidido con un periodo de estancamiento.
La actividad productiva se encuentra por debajo del promedio de crecimiento del 3,7 % registrado entre 2010 y 2019, mientras que la inversión ha disminuido un 15 % en comparación con los niveles previos a la pandemia. Además, sectores clave como vivienda, industria y minería están atravesando una recesión.Las consecuencias de este manejo fiscal son evidentes. Colombia enfrenta una prima de riesgo superior a la de otros países de la región como Brasil, México, Perú y Chile, mientras que el recaudo fiscal ha caído un 6,8 % en los primeros diez meses de 2024, algo que no se veía desde la crisis generada por la pandemia.
El impacto negativo de la Reforma Tributaria de 2022
La reforma de 2022 ha dejado secuelas importantes en la economía del país. En lugar de fortalecer el recaudo, ha incrementado el riesgo de incumplir la regla fiscal en 2024 y 2025.
Esto podría traducirse en mayores costos de financiamiento, una devaluación del peso e incluso una crisis fiscal similar a la que actualmente enfrenta Brasil.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha señalado la necesidad de recortar 56 billones de pesos en gasto público para este año, pero hasta el momento solo se han ajustado solo 25 billones, dejando un déficit de 31 billones. En este contexto, una nueva reforma tributaria no solo era innecesaria, sino también peligrosa para la estabilidad económica del país.
Consecuencias de una nueva reforma tributaria
De haberse aprobado, esta nueva reforma habría tenido un impacto devastador en los ciudadanos y la economía. Los analistas coinciden en que habría desincentivando la inversión y el ahorro, lo que habría frenado tanto el crecimiento económico como la generación de empleo.
El impuesto al carbono, por ejemplo, habría encarecido productos esenciales como la gasolina, el ACPM y los tiquetes aéreos, afectando principalmente a los sectores más vulnerables. Por otro lado, una sobretasa del 55 % al impuesto de renta habría sobrecargado al sector minero-energético, reduciendo ingresos, regalías, empleo e inversión extranjera.
Además, la eliminación del Régimen Simple de Tributación habría supuesto un retroceso significativo para las pequeñas empresas, limitando la formalización empresarial.
La imposición de IVA a importaciones menores a 200 dólares habría violado tratados comerciales internacionales, como el TLC con Estados Unidos, incrementando los costos para los consumidores y reduciendo la competitividad de los productos locales.
Un camino hacia la disciplina fiscal
Archivar esta reforma fue un triunfo importante para el país, pero los desafíos fiscales de Colombia aún persisten. La solución no está en gravar más a los ciudadanos, sino en implementar un gasto público disciplinado y eficiente.
Es fundamental priorizar políticas que incentiven la inversión, protejan los sectores productivos y garanticen un manejo responsable de las finanzas públicas. Solo así podremos construir un futuro más próspero, equitativo y lleno de oportunidades para todos.
Mi compromiso sigue firme: defender el bienestar de los colombianos y trabajar incansablemente por un país donde las decisiones económicas beneficien a todos, sin asfixiar a los sectores más vulnerables ni paralizar nuestra economía.
