En un país donde la salud debería ser un derecho fundamental garantizado con prioridad, la decisión del gobierno de Gustavo Petro de incrementar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en apenas un 5,36% para el año 2025 es un acto de profunda irresponsabilidad.
No solo es técnica y financieramente incoherente, sino que también pone en peligro la vida de millones de colombianos, especialmente de los pacientes más vulnerables.
La UPC, que representa el monto que recibe cada EPS por afiliado para garantizar la atención en salud, es un elemento esencial en la sostenibilidad del sistema. Expertos como la ANDI, ANIF y ACEMI han sido claros: para que las EPS puedan operar adecuadamente en 2025, el incremento debería estar entre el 16% y el 17%.
Sin embargo, este aumento mínimo no solo no resolvería el alarmante déficit acumulado del sistema, que ya asciende a $19,7 billones, sino que generaría uno adicional de $10.45 billones en 2025.
Un sistema de salud en crisis
La decisión tomada por el Gobierno no solo ignora estas advertencias, sino que también se contradice con otras medidas recientes, como el aumento del salario mínimo en un 9,5%.
Esto incrementa significativamente los costos laborales del sector salud, que representan entre el 60% y el 70% de los gastos de las instituciones. Esta disparidad entre ingresos y egresos no solo afecta la estabilidad de las EPS, IPS y hospitales, sino que también agrava las condiciones laborales del personal de salud, quienes son la columna vertebral del sistema.
El impacto de este déficit ya es evidente: largas filas, tiempos de espera inaceptables, barreras de acceso y, en muchos casos, el desembolso de dinero por parte de los ciudadanos para cubrir tratamientos que deberían estar garantizados.
La falta de recursos en el sistema de salud ha generado un creciente endeudamiento de las EPS con los hospitales, afectando gravemente su operación. Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la deuda total de las EPS con los hospitales supera los $18 billones, de los cuales más de la mitad están en mora, lo que evidencia una crisis estructural que afecta tanto al régimen contributivo como al subsidiado.
La opacidad del proceso
Más preocupante aún es la opacidad que rodea el cálculo de este incremento.
Más de la mitad de la información necesaria para calcular la UPC proviene de EPS intervenidas por el Estado, lo que cuestiona la transparencia del proceso. Esto plantea serias dudas sobre la capacidad del Gobierno para tomar decisiones fundamentadas y responsables en un sector tan sensible como la salud.
Los más afectados: Los colombianos
La consecuencia directa de esta decisión es que los colombianos pagarán las consecuencias.
Los hospitales, asfixiados por la falta de recursos, enfrentan retrasos en los pagos que impiden cumplir con salarios, adquirir insumos esenciales y garantizar servicios básicos. Esto compromete la atención médica, pone en riesgo vidas y genera una sobrecarga laboral insostenible para los trabajadores de la salud.
Según la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (ACESI), a partir de enero de 2025, los hospitales públicos enfrentarán un déficit financiero que dificultará el cumplimiento de sus obligaciones laborales y operativas.
Esto no solo afecta a los trabajadores del sector, sino que también compromete la calidad y continuidad de la atención en salud para millones de colombianos.
¿Hacia dónde vamos?
La salud no puede ser un tema de improvisación ni de políticas mal fundamentadas.
Es evidente que sin un reajuste adecuado de la UPC y sin medidas inmediatas que garanticen el flujo oportuno de recursos, el sistema de salud colombiano se encamina hacia un colapso financiero.
Esta situación no es solo el resultado de decisiones recientes, sino de una acumulación de errores que han perpetuado un círculo vicioso de endeudamiento y déficit crónico.
Es fundamental que el Gobierno publique de manera transparente los datos que respaldan sus decisiones y que adopte medidas que fortalezcan el sistema público de salud. Esto incluye garantizar recursos suficientes para el acceso, calidad y sostenibilidad del sistema, así como priorizar el bienestar de los ciudadanos por encima de intereses políticos.
El Gobierno debe ser responsable. No podemos seguir poniendo en riesgo la salud y el bienestar de millones de personas. La salud es un derecho, y debemos luchar por protegerlo.
